Comentarios al REAL DECRETO-LEY 1/2017, de 20 de Enero de 2017

COMENTARIOS AL REAL DECRETO-LEY 1/2017, DE 20 DE ENERO, DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES EN MATERIA DE CLÁUSULAS SUELO

Tras la reciente entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2017, son muchos los clientes que nos preguntan sobre su incidencia y posible repercusión. El objetivo de este artículo es dar respuesta a dichos interrogantes y comentar el alcance práctico del texto normativo.

Para ponernos en antecedentes, esta disposición es consecuencia directa de dos sentencias:

1ª) Sentencia del Tribunal Supremo n.º 241/2013 de 9 de mayo, en la que se declaraba la abusividad de las cláusulas suelo, confirmando su nulidad, pero con efectos únicamente desde la fecha de la sentencia. De esta forma, solamente podían reclamarse las cantidades indebidamente satisfechas por aplicación de las cláusulas suelo desde el 9 de mayo de 2013 en adelante.

2ª) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C- 308/15. En esta resolución, el Tribunal europeo se opone a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo y declara contraria a la normativa europea, la limitación temporal de los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo de las cláusulas. En definitiva, se establece la posibilidad de reclamar los importes pagados en aplicación de las cláusulas suelo, no solo desde el 9 de mayo de 2013, sino desde el inicio del préstamo hipotecario.

Ante la previsible avalancha de reclamaciones y litigios que se van originar tras la publicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Gobierno actúa con el sonado Real Decreto-Ley 1/2017.

El propósito de esta norma, según el propio texto, no es otra que defender los derechos del consumidor, ofreciendo un mecanismo ágil y sencillo para la resolución de las controversias originadas por estas cláusulas, con la consecuente restitución de las cantidades correspondientes por parte de las entidades financieras, evitando de este modo también la saturación de los juzgados.

Sin embargo, no es más que una cortina de humo, que realmente esconde la salvaguarda de los intereses de los bancos.

Por un lado, porque el procedimiento para la tramitación de reclamaciones extrajudiciales ya estaba regulado a través de los servicios de atención al cliente, siendo el plazo máximo para su resolución de dos meses. Con este Real Decreto-Ley, se amplía el plazo de resolución a tres meses, dando además un mes extra a los bancos para adaptarse y articular los mecanismos de respuesta a las solicitudes.

Por otro lado, en todo lo relativo a las costas procesales, no se establece ninguna novedad sobre las reglas generales establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo todas estas prescripciones totalmente innecesarias.

En cuanto al tratamiento fiscal, cuando las cantidades que se devuelvan por la aplicación de las cláusulas suelo hubieran formado parte de la base de la deducción en IRPF por inversión en vivienda habitual, se pierde el derecho a practicar la deducción en los importes reintegrados.
Ello significa que se deberá realizar la oportuna liquidación, devolviendo lo correspondiente por este concepto, salvo que la deuda tributaria hubiera prescrito.

En definitiva, este Real Decreto-Ley carente de contenido y a todas luces innecesario, que aparece maquillado con la función tuitiva de velar por los derechos del consumidor, no aporta novedades significativas y su única relevancia práctica es la mejora de las prerrogativas de las entidades financieras al ampliar el plazo de resolución de las reclamaciones extrajudiciales.

Si tiene un préstamo hipotecario no dude en contactar con nosotros, estudiaremos su caso y le asesoraremos sobre las posibles actuaciones a llevar a cabo para la defensa de sus intereses y la reclamación de las cantidades que le correspondan.

Si usted gana nosotros ganamos.

Fdo. África Gómez Luna

Abogada

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