Desde hace unos meses, con el fin de facilitar a los ahorradores sus decisiones de inversión, está en vigor la orden ministerial que exige a las entidades financieras y de seguros informar, bajo criterios homogéneos de cálculo, del rendimiento que se puede obtener con un seguro de ahorro.
Con esta medida, la finalidad que se persigue es la de fomentar la transparencia y protección para los ahorradores e inversores, de tal forma que, de la misma manera que los bancos utilizan la Tasa Anual Equivalente cuando publicitan hipotecas, depósitos o créditos al consumo, las compañías de seguros van a hacer lo mismo con sus productos, facilitando así la comparativa y toma de decisiones de inversión entre los distintos productos.
Con este conjunto de normas, se intenta nivelar el panorama para que el sector alcance plena madurez, ya que al facilitar una información clara, suficiente y homogénea, el inversor entenderá y podrá decidir cuál de las diferentes ofertas que el mercado le ofrece se adapta mejor a sus necesidades.
La medida no beneficia solo al inversor, sino también a las entidades que mejor sepan gestionar su cartera de inversiones y cuyos gastos de gestión sean reducidos, pues verán incrementada la contratación de sus productos de ahorro respecto a otras entidades menos competitivas en este ámbito, y más opacas en la información, más aún en una situación como la actual de tipos de interés en mínimos históricos, donde los márgenes repercutidos al asegurado suelen ser muy reducidos.
Para el completo análisis de la rentabilidad que un determinado producto puede darnos, debemos también considerar los beneficios fiscales que algunos de ellos o las entidades que los comercializan pueden generar a favor del propio inversor o sus beneficiarios.
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